LEY Nº 29497

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I.- Principios del proceso laboral

El proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de inmediación,

oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad.

Artículo II.- Ámbito de la justicia laboral

Corresponde a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos que se

originan con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal,

de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa; están excluidas

las prestaciones de servicios de carácter civil, salvo que la demanda

se sustente en el encubrimiento de relaciones de trabajo. Tales conflictos

jurídicos pueden ser individuales, plurales o colectivos, y estar referidos a

aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación

efectiva de los servicios.

Artículo III.- Fundamentos del proceso laboral

En todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre

las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto procuran

alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la

forma, interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable

a la continuidad del proceso, observan el debido proceso, la tutela

jurisdiccional y el principio de razonabilidad. En particular, acentúan estos

deberes frente a la madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad.

Los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso

del proceso. Impiden y sancionan la inconducta contraria a los deberes de

veracidad, probidad, lealtad y buena fe de las partes, sus representantes, sus

abogados y terceros.

El proceso laboral es gratuito para el prestador de servicios, en todas las

instancias, cuando el monto total de las pretensiones reclamadas no supere

las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP).

Artículo IV.- Interpretación y aplicación de las normas en la resolución

de los conflictos de la justicia laboral

Los jueces laborales, bajo responsabilidad, imparten justicia con arreglo

a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales de derechos

humanos y la ley. Interpretan y aplican toda norma jurídica, incluyendo los

convenios colectivos, según los principios y preceptos constitucionales, así

como los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte

Suprema de Justicia de la República.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

COMPETENCIA

Artículo 1º.- Competencia por materia de los juzgados de paz letrados

laborales

Los juzgados de paz letrados laborales conocen de los siguientes procesos:

1. En proceso abreviado laboral, las pretensiones referidas al cumplimiento

de obligaciones de dar no superiores a cincuenta (50) Unidades de

Referencia Procesal (URP) originadas con ocasión de la prestación personal

de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a

aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación

efectiva de los servicios.

2. Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía no supere las

cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP); salvo tratándose de

la cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones retenidos

por el empleador, en cuyo caso son competentes con prescindencia de

la cuantía.

3. Los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía.

Artículo 2º.- Competencia por materia de los juzgados especializados

de trabajo

Los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos:

1. En proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas a la

protección de derechos individuales, plurales o colectivos, originadas con

ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa

o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso

previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios.

Se consideran incluidas en dicha competencia, sin ser exclusivas, las

pretensiones relacionadas a los siguientes:

a) El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de

servicios; así como a los correspondientes actos jurídicos.

b) La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, incurrida

por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de

servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio.

c) Los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de la

relación laboral.

d) El cese de los actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos de

acoso moral y hostigamiento sexual, conforme a la ley de la materia.

e) Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo.

f) La impugnación de los reglamentos internos de trabajo.

g) Los conflictos vinculados a una organización sindical y entre organizaciones

sindicales, incluida su disolución.

h) El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con ocasión

de la prestación personal de servicios exigibles a institutos, fondos, cajas u

otros.

i) El cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez,

a favor de los asegurados o los beneficiarios, exigibles al empleador, a las

entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras.

j) El Sistema Privado de Pensiones.

k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral; y

l) aquellas materias que, a criterio del juez, en función de su especial

naturaleza, deban ser ventiladas en el proceso ordinario laboral.

Conoce las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de

dar superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

2. En proceso abreviado laboral, de la reposición cuando ésta se plantea

como pretensión principal única.

3. En proceso abreviado laboral, las pretensiones relativas a la vulneración

de la libertad sindical.

4. En proceso contencioso administrativo conforme a la ley de la materia,

las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter

personal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguridad social, de derecho

público; así como las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad

administrativa de trabajo.

2 ENERO 2010 / LEGISLACIÓN LABORAL

5. Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía supere las cincuenta

(50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

Artículo 3º.- Competencia por materia de las salas laborales superiores

Las salas laborales de las cortes superiores tienen competencia, en primera

instancia, en las materias siguientes:

1. Proceso de acción popular en materia laboral, a ser tramitado conforme

a la ley que regula los procesos constitucionales.

2. Anulación de laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico de naturaleza

laboral, a ser tramitada conforme a la ley de arbitraje.

3. Impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva,

a ser tramitada conforme al procedimiento establecido en la presente

Ley.

4. Contienda de competencia promovida entre juzgados de trabajo y

entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial.

5. Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades

administrativas en los casos previstos por la ley.

6. Las demás que señale la ley.

Artículo 4º.- Competencia por función

4.1 La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de

Justicia de la República es competente para conocer de los siguientes recursos:

a) Del recurso de casación;

b) del recurso de apelación de las resoluciones pronunciadas por las

salas laborales en primera instancia; y

c) del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por

haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley.

4.2 Las salas laborales de las cortes superiores son competentes para

conocer de los siguientes recursos:

a) Del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los

juzgados laborales; y

b) del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por

haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley.

4.3 Los juzgados especializados de trabajo son competentes para conocer

de los siguientes recursos:

a) Del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los

juzgados de paz letrados en materia laboral; y

b) del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por

haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley.

Artículo 5º.- Determinación de la cuantía

La cuantía está determinada por la suma de todos los extremos contenidos

en la demanda, tal como hayan sido liquidados por el demandante. Los

intereses, las costas, los costos y los conceptos que se devenguen con posterioridad

a la fecha de interposición de la demanda no se consideran en la

determinación de la cuantía.

Artículo 6º.- Competencia por territorio

A elección del demandante es competente el juez del lugar del domicilio

principal del demandado o el del último lugar donde se prestaron los

servicios.

Si la demanda está dirigida contra quien prestó los servicios, sólo es

competente el juez del domicilio de éste.

En la impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación

colectiva es competente la sala laboral del lugar donde se expidió el laudo.

La competencia por razón de territorio sólo puede ser prorrogada cuando

resulta a favor del prestador de servicios.

Artículo 7º.- Regulación en caso de incompetencia

7.1 El demandado puede cuestionar la competencia del juez por razón

de la materia, cuantía, grado y territorio mediante excepción. Sin perjuicio

de ello el juez, en cualquier estado y grado del proceso, declara, de oficio, la

nulidad de lo actuado y la remisión al órgano jurisdiccional competente si

determina su incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, función o

territorio no prorrogado.

7.2 Tratándose del cuestionamiento de la competencia del juez por razón

de territorio, el demandado puede optar, excluyentemente, por oponer

la incompetencia como excepción o como contienda. La competencia de los

jueces de paz letrados sólo se cuestiona mediante excepción.

7.3 La contienda de competencia entre jueces de trabajo y entre éstos y

otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial la dirime

la sala laboral de la corte superior correspondiente. Tratándose de juzgados

de diferentes distritos judiciales, la dirime la Sala de Derecho Constitucional

y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República.

CAPÍTULO II

COMPARECENCIA

Artículo 8º.- Reglas especiales de comparecencia

8.1 Los menores de edad pueden comparecer sin necesidad de representante

legal. En el caso de que un menor de catorce (14) años comparezca al

proceso sin representante legal, el juez pone la demanda en conocimiento

del Ministerio Público para que actúe según sus atribuciones. La falta de

comparecencia del Ministerio Público no interfiere en el avance del proceso.

8.2 Los sindicatos pueden comparecer al proceso laboral en causa propia,

en defensa de los derechos colectivos y en defensa de sus dirigentes y

afiliados.

8.3 Los sindicatos actúan en defensa de sus dirigentes y afiliados sin

necesidad de poder especial de representación; sin embargo, en la demanda

o contestación debe identificarse individualmente a cada uno de los afiliados

con sus respectivas pretensiones. En este caso, el empleador debe poner

en conocimiento de los trabajadores la demanda interpuesta. La inobservancia

de este deber no afecta la prosecución del proceso.

La representación del sindicato no habilita al cobro de los derechos

económicos que pudiese reconocerse a favor de los afiliados.

Artículo 9º.- Legitimación especial

9.1 Las pretensiones derivadas de la afectación al derecho a la no discriminación

en el acceso al empleo o del quebrantamiento de las prohibiciones

de trabajo forzoso e infantil pueden ser formuladas por los afectados

directos, una organización sindical, una asociación o institución sin fines de

lucro dedicada a la protección de derechos fundamentales con solvencia

para afrontar la defensa a criterio del juez, la Defensoría del Pueblo o el

Ministerio Público.

9.2 Cuando se afecten los derechos de libertad sindical, negociación

colectiva, huelga, a la seguridad y salud en el trabajo y, en general, cuando

se afecte un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores

de servicios, pueden ser demandantes el sindicato, los representantes de los

trabajadores, o cualquier trabajador o prestador de servicios del ámbito.

Artículo 10º.- Defensa pública a cargo del Ministerio de Justicia

La madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad que

trabajan tienen derecho a la defensa pública, regulada por la ley de la materia.

CAPÍTULO III

ACTUACIONES PROCESALES

Subcapítulo I

Reglas de conducta y oralidad

Artículo 11º.- Reglas de conducta en las audiencias

En las audiencias el juez cuida especialmente que se observen las siguientes

reglas de conducta:

a) Respeto hacia el órgano jurisdiccional y hacia toda persona presente

en la audiencia. Está prohibido agraviar, interrumpir mientras se hace uso de

la palabra, usar teléfonos celulares u otros análogos sin autorización del

juez, abandonar injustificadamente la sala de audiencia, así como cualquier

expresión de aprobación o censura.

b) Colaboración en la labor de impartición de justicia. Merece sanción

alegar hechos falsos, ofrecer medios probatorios inexistentes, obstruir la

actuación de las pruebas, generar dilaciones que provoquen injustificadamente

la suspensión de la audiencia, o desobedecer las órdenes dispuestas

por el juez.

Artículo 12º.- Prevalencia de la oralidad en los procesos por audiencias

12.1 En los procesos laborales por audiencias las exposiciones orales de

las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas sobre la base de las

LEGISLACIÓN LABORAL

ANÁLISIS LABORAL / ENERO 2010 3

cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia. Las

audiencias son sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por

el juez, quien puede interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes

en cualquier momento. Las actuaciones realizadas en audiencia, salvo

la etapa de conciliación, son registradas en audio y vídeo utilizando cualquier

medio apto que permita garantizar fidelidad, conservación y reproducción

de su contenido. Las partes tienen derecho a la obtención de las

respectivas copias en soporte electrónico, a su costo.

12.2 La grabación se incorpora al expediente. Adicionalmente, el juez

deja constancia en acta únicamente de lo siguiente: identificación de todas

las personas que participan en la audiencia, de los medios probatorios que

se hubiesen admitido y actuado, la resolución que suspende la audiencia, los

incidentes extraordinarios y el fallo de la sentencia o la decisión de diferir su

expedición.

Si no se dispusiese de medios de grabación electrónicos, el registro de

las exposiciones orales se efectúa haciendo constar, en acta, las ideas centrales

expuestas.

Subcapítulo II

Notificaciones

Artículo 13º.- Notificaciones en los procesos laborales

Las notificaciones de las resoluciones que se dicten en el proceso se

efectúan mediante sistemas de comunicación electrónicos u otro medio idóneo

que permita confirmar fehacientemente su recepción, salvo cuando se

trate de las resoluciones que contengan el traslado de la demanda, la admisión

de un tercero con interés, una medida cautelar, la sentencia en los

procesos diferentes al ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales

económicos. Las resoluciones mencionadas se notifican mediante

cédula.

Para efectos de la notificación electrónica, las partes deben consignar

en la demanda o en su contestación una dirección electrónica, bajo apercibimiento

de declararse la inadmisibilidad de tales actos postulatorios.

La notificación electrónica surte efectos desde el día siguiente que llega

a la dirección electrónica.

En las zonas de pobreza decretadas por los órganos de gobierno del

Poder Judicial, así como en los procesos cuya cuantía no supere las setenta

(70) Unidades de Referencia Procesal (URP) las resoluciones son notificadas

por cédula, salvo que se solicite la notificación electrónica. Las notificaciones

por cédula fuera del distrito judicial son realizadas directamente a la

sede judicial de destino.

Las resoluciones dictadas en audiencia se entienden notificadas a las

partes, en el acto.

Subcapítulo III

Costas y costos

Artículo 14º.- Costas y costos

La condena en costas y costos se regula conforme a la norma procesal

civil. El juez exonera al prestador de servicios de costas y costos si las pretensiones

reclamadas no superan las setenta (70) Unidades de Referencia

Procesal (URP), salvo que la parte hubiese obrado con temeridad o mala fe.

También hay exoneración si, en cualquier tipo de pretensión, el juez determina

que hubo motivos razonables para demandar.

Subcapítulo IV

Multas

Artículo 15º.- Multas

En los casos de temeridad o mala fe procesal el juez tiene el deber de

imponer a las partes, sus representantes y los abogados una multa no menor

de media (1/2) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal

(URP).

La multa por temeridad o mala fe es independiente de aquella otra que

se pueda imponer por infracción a las reglas de conducta a ser observadas

en las audiencias.

La multa por infracción a las reglas de conducta en las audiencias es no

menor de media (1/2) ni mayor de cinco (5) Unidades de Referencia Procesal

(URP).

Adicionalmente a las multas impuestas, el juez debe remitir copias de

las actuaciones respectivas a la presidencia de la corte superior, al Ministerio

Público y al Colegio de Abogados correspondiente, para las sanciones a

que pudiera haber lugar.

Existe responsabilidad solidaria entre las partes, sus representantes y

sus abogados por las multas impuestas a cualquiera de ellos. No se extiende

la responsabilidad solidaria al prestador de servicios.

El juez sólo puede exonerar de la multa por temeridad o mala fe si el

proceso concluye por conciliación judicial antes de la sentencia de segunda

instancia, en resolución motivada.

El juez puede imponer multa a los testigos o peritos, no menor de media

(1/2) ni mayor de cinco (5) Unidades de Referencia Procesal (URP) cuando

éstos, habiendo sido notificados excepcionalmente por el juzgado, inasisten

sin justificación a la audiencia ordenada de oficio por el juez.

Subcapítulo V

Admisión y procedencia

Artículo 16º.- Requisitos de la demanda

La demanda se presenta por escrito y debe contener los requisitos y anexos

establecidos en la norma procesal civil, con las siguientes precisiones:

a) Debe incluirse, cuando corresponda, la indicación del monto total del

petitorio, así como el monto de cada uno de los extremos que integren la

demanda; y

b) no debe incluirse ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos o

los peritos; sin embargo, debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba.

El demandante puede incluir de modo expreso su pretensión de reconocimiento

de los honorarios que se pagan con ocasión del proceso.

Cuando el proceso es iniciado por más de un demandante debe designarse

a uno de ellos para que los represente y señalarse un domicilio procesal

único.

Los prestadores de servicios pueden comparecer al proceso sin necesidad

de abogado cuando el total reclamado no supere las diez (10) Unidades

de Referencia Procesal (URP). Cuando supere este límite y hasta las setenta

(70) Unidades de Referencia Procesal (URP) es facultad del juez, atendiendo

a las circunstancias del caso, exigir o no la comparecencia con abogado. En

los casos en que se comparezca sin abogado debe emplearse el formato de

demanda aprobado por el Poder Judicial.

Artículo 17º.- Admisión de la demanda

El juez verifica el cumplimiento de los requisitos de la demanda dentro de

los cinco (5) días hábiles siguientes de recibida. Si observa el incumplimiento

de alguno de los requisitos, concede al demandante cinco (5) días hábiles para

que subsane la omisión o defecto, bajo apercibimiento de declararse la conclusión

del proceso y el archivo del expediente. La resolución que disponga la

conclusión del proceso es apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles.

Excepcionalmente, en el caso de que la improcedencia de la demanda

sea notoria, el juez la rechaza de plano en resolución fundamentada. La

resolución es apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes.

Artículo 18º.- Demanda de liquidación de derechos individuales

Cuando en una sentencia se declare la existencia de afectación de un

derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios,

con contenido patrimonial, los miembros del grupo o categoría o quienes

individualmente hubiesen sido afectados pueden iniciar, sobre la base de

dicha sentencia, procesos individuales de liquidación del derecho reconocido,

siempre y cuando la sentencia declarativa haya sido dictada por el Tribunal

Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República, y haya

pasado en autoridad de cosa juzgada.

En el proceso individual de liquidación del derecho reconocido es improcedente

negar el hecho declarado lesivo en la sentencia del Tribunal Constitucional

o de la Corte Suprema de Justicia de la República. El demandado

puede, en todo caso, demostrar que el demandante no se encuentra en el

ámbito fáctico recogido en la sentencia.

4 ENERO 2010 / LEGISLACIÓN LABORAL

Artículo 19º.- Requisitos de la contestación

La contestación de la demanda se presenta por escrito y debe contener

los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil, sin incluir

ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos o los peritos; sin embargo,

debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba.

La contestación contiene todas las defensas procesales y de fondo que

el demandado estime convenientes. Si el demandado no niega expresamente

los hechos expuestos en la demanda, estos son considerados admitidos.

La reconvención es improcedente.

Artículo 20º.- Caso especial de procedencia

En el caso de pretensiones referidas a la prestación personal de servicios,

de naturaleza laboral o administrativa de derecho público, no es exigible

el agotamiento de la vía administrativa establecida según la legislación

general del procedimiento administrativo, salvo que en el correspondiente

régimen se haya establecido un procedimiento previo ante un órgano o tribunal

específico, en cuyo caso debe recurrirse ante ellos antes de acudir al

proceso contencioso administrativo.

Subcapítulo VI

Actividad probatoria

Artículo 21º.- Oportunidad

Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente

en la demanda y en la contestación. Extraordinariamente, pueden ser ofrecidos

hasta el momento previo a la actuación probatoria, siempre y cuando

estén referidos a hechos nuevos o hubiesen sido conocidos u obtenidos con

posterioridad.

Las partes concurren a la audiencia en la que se actúan las pruebas con

todos sus testigos, peritos y documentos que, en dicho momento, corresponda

ofrecer, exhibir o se pretenda hacer valer con relación a las cuestiones

probatorias. Esta actividad de las partes se desarrolla bajo su responsabilidad

y costo, sin necesidad de citación del juzgado y sin perjuicio de que

el juez los admita o rechace en el momento. La inasistencia de los testigos o

peritos, así como la falta de presentación de documentos, no impide al juez

pronunciar sentencia si, sobre la base de la prueba actuada, los hechos necesitados

de prueba quedan acreditados.

En ningún caso, fuera de las oportunidades señaladas, la presentación

extemporánea de medios probatorios acarrea la nulidad de la sentencia apelada.

Estos medios probatorios no pueden servir de fundamento de la sentencia.

Artículo 22º.- Prueba de oficio

Excepcionalmente, el juez puede ordenar la práctica de alguna prueba

adicional, en cuyo caso dispone lo conveniente para su realización, procediendo

a suspender la audiencia en la que se actúan las pruebas por

un lapso adecuado no mayor a treinta (30) días hábiles, y a citar, en el

mismo acto, fecha y hora para su continuación. Esta decisión es inimpugnable.

Esta facultad no puede ser invocada encontrándose el proceso en casación.

La omisión de esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia.

Artículo 23º.- Carga de la prueba

23.1 La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran

su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos,

sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria,

sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales.

23.2 Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia

de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.

23.3 Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador

o ex trabajador, tiene la carga de la prueba de:

a) La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de

origen distinto al constitucional o legal.

b) El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido.

c) La existencia del daño alegado.

23.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado

que sea señalado como empleador la carga de la prueba de:

a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de

sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad.

b) La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado.

c) El estado del vínculo laboral y la causa del despido.

23.5 En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada

aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado,

el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado

elementos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razonable

de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron

los hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta

de ambas partes.

Artículo 24º.- Forma de los interrogatorios

El interrogatorio a las partes, testigos, peritos y otros es realizado por el

juez de manera libre, concreta y clara, sin seguir ningún ritualismo o fórmula

preconstituida. Para su actuación no se requiere de la presentación de

pliegos de preguntas. No se permite leer las respuestas, pero sí consultar

documentos de apoyo. Los abogados de las partes también pueden preguntar

o solicitar aclaraciones, bajo las mismas reglas de apertura y libertad. El

juez guía la actuación probatoria con vista a los principios de oralidad, inmediación,

concentración, celeridad y economía procesal. Impide que esta

se desnaturalice sancionando las conductas temerarias, dilatorias, obstructivas

o contrarias al deber de veracidad.

Artículo 25º.- Declaración de parte

La parte debe declarar personalmente. Las personas jurídicas prestan su

declaración a través de cualquiera de sus representantes, quienes tienen el

deber de acudir informados sobre los hechos que motivan el proceso.

Artículo 26º.- Declaración de testigos

Los testigos no presencian el desarrollo de la audiencia y solo ingresan

a ella en el momento que les corresponda.

El secretario del juzgado expide al testigo una constancia de asistencia

a fin de acreditar el cumplimiento de su deber ciudadano. Tratándose de un

trabajador, dicha constancia sirve para sustentar ante su empleador la inasistencia

y el pago de la remuneración por el tiempo de ausencia.

Artículo 27º.- Exhibición de planillas

La exhibición de las planillas manuales se tiene por cumplida con la

presentación de las copias legalizadas correspondientes a los períodos necesitados

de prueba.

La exhibición de las planillas electrónicas es ordenada por el juez al

funcionario del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo responsable

de brindar tal información. Es improcedente la tacha de la información de

las planillas electrónicas remitida por dicho funcionario, sin perjuicio de la

responsabilidad penal o funcional que las partes puedan hacer valer en la

vía correspondiente.

Las partes pueden presentar copias certificadas expedidas por el Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo de la información contenida en las

planillas electrónicas, en lugar de la exhibición electrónica.

Artículo 28º.- Pericia

Los peritos no presencian el desarrollo de la audiencia y solo ingresan a

ella en el momento que corresponda efectuar su exposición.

Los informes contables practicados por los peritos adscritos a los juzgados

de trabajo y juzgados de paz letrados tienen la finalidad de facilitar

al órgano jurisdiccional la información necesaria para calcular , en la sentencia,

los montos de los derechos que ampara, por lo que esta pericia no se

ofrece ni se actúa como medio probatorio.

Artículo 29º.- Presunciones legales derivadas de la conducta de las

partes

El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes

atendiendo a su conducta asumida en el proceso. Esto es particularmente relevante

cuando la actividad probatoria es obstaculizada por una de las partes.

Entre otras circunstancias, se entiende que se obstaculiza la actuación

probatoria cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas, se niega la

existencia de documentación propia de su actividad jurídica o económica,

se impide o niega el acceso al juez, los peritos o los comisionados judiciales

al material probatorio o a los lugares donde se encuentre, se niega a declarar,

o responde evasivamente.

LEGISLACIÓN LABORAL

ANÁLISIS LABORAL / ENERO 2010 5

Subcapítulo VII

Formas especiales de conclusión del proceso

Artículo 30º.- Formas especiales de conclusión del proceso

El proceso laboral puede concluir, de forma especial, por conciliación,

allanamiento, reconocimiento de la demanda, transacción, desistimiento o

abandono. También concluye cuando ambas partes inasisten por segunda

vez a cualquiera de las audiencias programadas en primera instancia.

La conciliación y la transacción pueden ocurrir dentro del proceso, cualquiera

sea el estado en que se encuentre, hasta antes de la notificación de la

sentencia con calidad de cosa juzgada. El juez puede en cualquier momento

invitar a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio, sin que su participación

implique prejuzgamiento y sin que lo manifestado por las partes se

considere declaración. Si ambas partes concurren al juzgado llevando un

acuerdo para poner fin al proceso, el juez le da trámite preferente en el día.

Para que un acuerdo conciliatorio o transaccional ponga fin al proceso

debe superar el test de disponibilidad de derechos, para lo cual se toman los

siguientes criterios:

a) El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma dispositiva,

debiendo el juez verificar que no afecte derechos indisponibles;

b) debe ser adoptado por el titular del derecho; y

c) debe haber participado el abogado del prestador de servicios demandante.

Los acuerdos conciliatorios y transaccionales también pueden darse independientemente

de que exista un proceso en trámite, en cuyo caso no

requieren ser homologados para su cumplimiento o ejecución. La demanda

de nulidad del acuerdo es improcedente si el demandante lo ejecutó en la

vía del proceso ejecutivo habiendo adquirido, de ese modo, la calidad de

cosa juzgada.

El abandono del proceso se produce transcurridos cuatro (4) meses sin

que se realice acto que lo impulse. El juez declara el abandono a pedido de

parte o de tercero legitimado, en la segunda oportunidad que se solicite,

salvo que en la primera vez el demandante no se haya opuesto al abandono

o no haya absuelto el traslado conferido.

Subcapítulo VIII

Sentencia

Artículo 31º.- Contenido de la sentencia

El juez recoge los fundamentos de hecho y de derecho esenciales para

motivar su decisión. La existencia de hechos admitidos no enerva la necesidad

de fundamentar la sentencia en derecho.

La sentencia se pronuncia sobre todas las articulaciones o medios de

defensa propuestos por las partes y sobre la demanda, en caso de que la

declare fundada total o parcialmente, indicando los derechos reconocidos,

así como las prestaciones que debe cumplir el demandado. Si la prestación

ordenada es de dar una suma de dinero, la misma debe estar indicada en

monto líquido. El juez puede disponer el pago de sumas mayores a las demandadas

si apareciere error en el cálculo de los derechos demandados o

error en la invocación de las normas aplicables.

Tratándose de pretensiones con pluralidad de demandantes o demandados,

el juez debe pronunciarse expresamente por los derechos y obligaciones

concretos que corresponda a cada uno de ellos.

El pago de los intereses legales y la condena en costos y costas no requieren

ser demandados. Su cuantía o modo de liquidación es de expreso

pronunciamiento en la sentencia.

Subcapítulo IX

Medios impugnatorios

Artículo 32º.- Apelación de la sentencia en los procesos ordinario,

abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos

El plazo de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza

a correr desde el día hábil siguiente de la audiencia o de citadas las

partes para su notificación.

Artículo 33º.- Trámite en segunda instancia y audiencia de vista de la

causa en los procesos ordinario, abreviado y de impugnación de laudos

arbitrales económicos

Interpuesta la apelación, el juez remite el expediente a segunda instancia

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

El órgano jurisdiccional de segunda instancia realiza las siguientes actividades:

a) Dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido el expediente fija día

y hora para la celebración de la audiencia de vista de la causa. La audiencia

de vista de la causa debe fijarse entre los veinte (20) y treinta (30) días

hábiles siguientes de recibido el expediente.

b) El día de la audiencia de vista, concede el uso de la palabra al abogado

de la parte apelante a fin de que exponga sintéticamente los extremos

apelados y los fundamentos en que se sustentan; a continuación, cede el

uso de la palabra al abogado de la parte contraria. Puede formular preguntas

a las partes y sus abogados a lo largo de las exposiciones orales.

c) Concluida la exposición oral, dicta sentencia inmediatamente o luego

de sesenta (60) minutos, expresando el fallo y las razones que lo sustentan,

de modo lacónico. Excepcionalmente, puede diferir su sentencia dentro de

los cinco (5) días hábiles siguientes. En ambos casos, al finalizar la audiencia

señala día y hora para que las partes comparezcan ante el despacho para la

notificación de la sentencia, bajo responsabilidad. La citación debe realizarse

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de celebrada la audiencia

de vista.

d) Si las partes no concurren a la audiencia de vista, la sala, sin necesidad

de citación, notifica la sentencia al quinto día hábil siguiente, en su

despacho.

Artículo 34º.- Causales del recurso de casación

El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que incida

directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en

el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional

o la Corte Suprema de Justicia de la República.

Artículo 35º.- Requisitos de admisibilidad del recurso de casación

El recurso de casación se interpone:

1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que,

como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias

el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades

de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones

que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento.

2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada. La

sala superior debe remitir el expediente a la Sala Suprema, sin más trámite,

dentro del plazo de tres (3) días hábiles.

3. Dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de notificada la

resolución que se impugna.

4. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si el recurso no cumple

con este requisito, la Sala Suprema concede al impugnante un plazo de tres

(3) días hábiles para subsanarlo. Vencido el plazo sin que se produzca la

subsanación, se rechaza el recurso.

Artículo 36º.- Requisitos de procedencia del recurso de casación

Son requisitos de procedencia del recurso de casación:

1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución

adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución

objeto del recurso.

2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento

de los precedentes vinculantes.

3. Demostrar la incidencia directa de la infracción normativa sobre la

decisión impugnada.

4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese

anulatorio, se precisa si es total o parcial, y si es este último, se indica hasta

dónde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisa en qué debe

consistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos,

debe entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado.

Artículo 37º.- Trámite del recurso de casación

Recibido el recurso de casación, la Sala Suprema procede a examinar el

6 ENERO 2010 / LEGISLACIÓN LABORAL

cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 35° y 36° y resuelve

declarando inadmisible, procedente o improcedente el recurso, según sea

el caso.

Declarado procedente el recurso, la Sala Suprema fija fecha para la vista

de la causa.

Las partes pueden solicitar informe oral dentro de los tres (3) días hábiles

siguientes a la notificación de la resolución que fija fecha para vista de la

causa.

Concluida la exposición oral, la Sala Suprema resuelve el recurso inmediatamente

o luego de sesenta (60) minutos, expresando el fallo. Excepcionalmente,

se resuelve dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. En

ambos casos, al finalizar la vista de la causa se señala día y hora para que las

partes comparezcan ante el despacho para la notificación de la resolución,

bajo responsabilidad. La citación debe realizarse dentro de los cinco (5) días

hábiles siguientes de celebrada la vista de la causa.

Si no se hubiese solicitado informe oral o habiéndolo hecho no se concurre

a la vista de la causa, la Sala Suprema, sin necesidad de citación,

notifica la sentencia al quinto día hábil siguiente en su despacho.

Artículo 38º.- Efecto del recurso de casación

La interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las

sentencias. Excepcionalmente, solo cuando se trate de obligaciones de dar

suma de dinero, a pedido de parte y previo depósito a nombre del juzgado de

origen o carta fianza renovable por el importe total reconocido, el juez de la

demanda suspende la ejecución en resolución fundamentada e inimpugnable.

El importe total reconocido incluye el capital, los intereses del capital a

la fecha de interposición del recurso, los costos y costas, así como los intereses

estimados que, por dichos conceptos, se devenguen hasta dentro de

un (1) año de interpuesto el recurso. La liquidación del importe total reconocido

es efectuada por un perito contable.

En caso de que el demandante tuviese trabada a su favor una medida

cautelar, debe notificársele a fin de que, en el plazo de cinco (5) días hábiles,

elija entre conservar la medida cautelar trabada o sustituirla por el depósito

o la carta fianza ofrecidos. Si el demandante no señala su elección en el

plazo concedido, se entiende que sustituye la medida cautelar por el depósito

o la carta fianza. En cualquiera de estos casos, el juez de la demanda

dispone la suspensión de la ejecución.

Artículo 39º.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado

Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la

resolución recurrida y resuelve el conflicto sin devolver el proceso a la instancia

inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado

y no abarca, si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los

cuales deben ser liquidados por el juzgado de origen.

En caso de que la infracción normativa estuviera referida a algún elemento

de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema dispone

la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un

nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o

declara nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió.

Artículo 40º.- Precedente vinculante de la Corte Suprema de Justicia

de la República

La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la

República que conozca del recurso de casación puede convocar al pleno de

los jueces supremos que conformen otras salas en materia constitucional y

social, si las hubiere, a efectos de emitir sentencia que constituya o varíe un

precedente judicial.

La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al pleno

casatorio constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales

de la República, hasta que sea modificada por otro precedente.

Los abogados pueden informar oralmente en la vista de la causa, ante el

pleno casatorio.

Artículo 41º.- Publicación de sentencias

El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las resoluciones

que declaran improcedente el recurso de casación se publican obligatoriamente

en el diario oficial El Peruano, aunque no establezcan precedente. La

publicación se hace dentro de los sesenta (60) días de expedidas, bajo responsabilidad.

TÍTULO II

PROCESOS LABORALES

CAPÍTULO I

PROCESO ORDINARIO LABORAL

Artículo 42º.- Traslado y citación a audiencia de conciliación

Verificados los requisitos de la demanda, el juez emite resolución disponiendo:

a) La admisión de la demanda;

b) la citación a las partes a audiencia de conciliación, la cual debe ser

fijada en día y hora entre los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes

a la fecha de calificación de la demanda; y

c) el emplazamiento al demandado para que concurra a la audiencia de

conciliación con el escrito de contestación y sus anexos.

Artículo 43º.- Audiencia de conciliación

La audiencia de conciliación se lleva a cabo del siguiente modo:

1. La audiencia, inicia con la acreditación de las partes o apoderados y

sus abogados. Si el demandante no asiste, el demandado puede contestar la

demanda, continuando la audiencia. Si el demandado no asiste incurre automáticamente

en rebeldía, sin necesidad de declaración expresa, aun cuando

la pretensión se sustente en un derecho indisponible. También incurre en

rebeldía automática si, asistiendo a la audiencia, no contesta la demanda o

el representante o apoderado no tiene poderes suficientes para conciliar. El

rebelde se incorpora al proceso en el estado en que se encuentre, sin posibilidad

de renovar los actos previos.

Si ambas partes inasisten, el juez declara la conclusión del proceso si,

dentro de los treinta (30) días naturales siguientes, ninguna de las partes

hubiese solicitado fecha para nueva audiencia.

2. El juez invita a las partes a conciliar sus posiciones y participa activamente

a fin de que solucionen sus diferencias total o parcialmente.

Por decisión de las partes la conciliación puede prolongarse lo necesario

hasta que se dé por agotada, pudiendo incluso continuar los días hábiles

siguientes, cuantas veces sea necesario, en un lapso no mayor de un (1) mes.

Si las partes acuerdan la solución parcial o total de su conflicto el juez, en el

acto, aprueba lo acordado con efecto de cosa juzgada; asimismo, ordena el

cumplimiento de las prestaciones acordadas en el plazo establecido por las

partes o, en su defecto, en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes. Del

mismo modo, si algún extremo no es controvertido, el juez emite resolución

con calidad de cosa juzgada ordenando su pago en igual plazo.

3. En caso de haberse solucionado parcialmente el conflicto, o no haberse

solucionado, el juez precisa las pretensiones que son materia de juicio;

requiere al demandado para que presente, en el acto, el escrito de contestación

y sus anexos; entrega una copia al demandante; y fija día y hora para la

audiencia de juzgamiento, la cual debe programarse dentro de los treinta

(30) días hábiles siguientes, quedando las partes notificadas en el acto.

Si el juez advierte, haya habido o no contestación, que la cuestión debatida

es solo de derecho, o que siendo también de hecho no hay necesidad

de actuar medio probatorio alguno, solicita a los abogados presentes exponer

sus alegatos, a cuyo término, o en un lapso no mayor de sesenta (60)

minutos, dicta el fallo de su sentencia. La notificación de la sentencia se

realiza de igual modo a lo regulado para el caso de la sentencia dictada en la

audiencia de juzgamiento.

Artículo 44º.- Audiencia de juzgamiento

La audiencia de juzgamiento se realiza en acto único y concentra las

etapas de confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia.

La audiencia de juzgamiento se inicia con la acreditación de las partes o

apoderados y sus abogados. Si ambas partes inasisten, el juez declara la

conclusión del proceso si, dentro de los treinta (30) días naturales siguientes,

ninguna de las partes hubiese solicitado fecha para nueva audiencia.

Artículo 45º.- Etapa de confrontación de posiciones

La etapa de confrontación de posiciones se inicia con una breve exposición

oral de las pretensiones demandadas y de los fundamentos de hecho

que las sustentan.

LEGISLACIÓN LABORAL

ANÁLISIS LABORAL / ENERO 2010 7

Luego, el demandado hace una breve exposición oral de los hechos que,

por razones procesales o de fondo, contradicen la demanda.

Artículo 46º.- Etapa de actuación probatoria

La etapa de actuación probatoria se lleva a cabo del siguiente modo:

1. El juez enuncia los hechos que no necesitan de actuación probatoria

por tratarse de hechos admitidos, presumidos por ley, recogidos en resolución

judicial con calidad de cosa juzgada o notorios; así como los medios

probatorios dejados de lado por estar dirigidos a la acreditación de hechos

impertinentes o irrelevantes para la causa.

2. El juez enuncia las pruebas admitidas respecto de los hechos necesitados

de actuación probatoria.

3. Inmediatamente después, las partes pueden proponer cuestiones probatorias

solo respecto de las pruebas admitidas. El juez dispone la admisión

de las cuestiones probatorias únicamente si las pruebas que las sustentan

pueden ser actuadas en esta etapa.

4. El juez toma juramento conjunto a todos los que vayan a participar

en esta etapa.

5. Se actúan todos los medios probatorios admitidos, incluidos los vinculados

a las cuestiones probatorias, empezando por los ofrecidos por el

demandante, en el orden siguiente: declaración de parte, testigos, pericia,

reconocimiento y exhibición de documentos. Si agotada la actuación de

estos medios probatorios fuese imprescindible la inspección judicial, el

juez suspende la audiencia y señala día, hora y lugar para su realización

citando, en el momento, a las partes, testigos o peritos que corresponda.

La inspección judicial puede ser grabada en audio y vídeo o recogida en

acta con anotación de las observaciones constatadas; al concluirse, señala

día y hora, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes para los alegatos

y sentencia.

6. La actuación probatoria debe concluir en el día programado; sin embargo,

si la actuación no se hubiese agotado, la audiencia continúa dentro

de los cinco (5) días hábiles siguientes.

Artículo 47º.- Alegatos y sentencia

Finalizada la actuación probatoria, los abogados presentan oralmente

sus alegatos. Concluidos los alegatos, el juez, en forma inmediata o en un

lapso no mayor de sesenta (60) minutos, hace conocer a las partes el fallo de

su sentencia. A su vez, señala día y hora, dentro de los cinco (5) días hábiles

siguientes, para la notificación de la sentencia. Excepcionalmente, por la complejidad

del caso, puede diferir el fallo de su sentencia dentro de los cinco (5)

días hábiles posteriores, lo cual informa en el acto citando a las partes para

que comparezcan al juzgado para la notificación de la sentencia.

La notificación de la sentencia debe producirse en el día y hora indicados,

bajo responsabilidad.

CAPÍTULO II

PROCESO ABREVIADO LABORAL

Artículo 48º.- Traslado y citación a audiencia única

Verificados los requisitos de la demanda, el juez emite resolución disponiendo:

a) La admisión de la demanda;

b) el emplazamiento al demandado para que conteste la demanda en el

plazo de diez (10) días hábiles; y

c) la citación a las partes a audiencia única, la cual debe ser fijada entre

los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de calificación

de la demanda.

Artículo 49º.- Audiencia única

La audiencia única se estructura a partir de las audiencias de conciliación

y juzgamiento del proceso ordinario laboral. Comprende y concentra

las etapas de conciliación, confrontación de posiciones, actuación probatoria,

alegatos y sentencia, las cuales se realizan, en dicho orden, una seguida

de la otra, con las siguientes precisiones:

1. La etapa de conciliación se desarrolla de igual forma que la audiencia

de conciliación del proceso ordinario laboral, con la diferencia de que la

contestación de la demanda no se realiza en este acto, sino dentro del plazo

concedido, correspondiendo al juez hacer entrega al demandante de la copia

de la contestación y sus anexos, otorgándole un tiempo prudencial para

la revisión de los medios probatorios ofrecidos.

2. Ante la proposición de cuestiones probatorias del demandante el juez

puede, excepcionalmente, fijar fecha para la continuación de la audiencia

dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes si, para la actuación de

aquella se requiriese de la evacuación de un informe pericial, siendo carga

del demandante la gestión correspondiente.

CAPÍTULO III

PROCESO IMPUGNATIVO DE LAUDOS ARBITRALES ECONÓMICOS

Artículo 50º.- Admisión de la demanda

Además de los requisitos de la demanda, la sala laboral verifica si esta

se ha interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de haberse

notificado el laudo arbitral que haciendo las veces de convenio colectivo

resuelve el conflicto económico o de creación de derechos, o su aclaración;

en caso contrario, declara la improcedencia de la demanda y la conclusión

del proceso.

Esta resolución es apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles.

Los únicos medios probatorios admisibles en este proceso son los documentos,

los cuales deben ser acompañados necesariamente con los escritos

de demanda y contestación.

Artículo 51º.- Traslado y contestación

Verificados los requisitos de la demanda, la sala laboral emite resolución

disponiendo:

a) La admisión de la demanda;

b) el emplazamiento al demandado para que conteste la demanda en el

plazo de diez (10) días hábiles; y

c) la notificación a los árbitros para que, de estimarlo conveniente y

dentro del mismo plazo, expongan sobre lo que consideren conveniente.

Artículo 52º.- Trámite y sentencia de primera instancia

La sala laboral, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de contestada

la demanda, dicta sentencia por el solo mérito de los escritos de demanda,

contestación y los documentos acompañados. Para tal efecto señala

día y hora, dentro del plazo indicado, citando a las partes para alegatos y

sentencia, lo cual se lleva a cabo de igual modo a lo regulado en el proceso

ordinario laboral.

Artículo 53º.- Improcedencia del recurso de casación

Contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República no

procede el recurso de casación.

CAPÍTULO IV

PROCESO CAUTELAR

Artículo 54º.- Aspectos generales

A pedido de parte, todo juez puede dictar medida cautelar, antes de

iniciado un proceso o dentro de este, destinada a garantizar la eficacia de la

pretensión principal. Las medidas cautelares se dictan sin conocimiento de

la contraparte.

Cumplidos los requisitos, el juez puede dictar cualquier tipo de medida

cautelar, cuidando que sea la más adecuada para garantizar la eficacia de la

pretensión principal.

En consecuencia, son procedentes además de las medidas cautelares

reguladas en este capítulo cualquier otra contemplada en la norma procesal

civil u otro dispositivo legal, sea esta para futura ejecución forzada, temporal

sobre el fondo, de innovar o de no innovar, e incluso una genérica no

prevista en las normas procesales.

Artículo 55º.- Medida especial de reposición provisional

El juez puede dictar, entre otras medidas cautelares, fuera o dentro del

proceso, una medida de reposición provisional, cumplidos los requisitos ordinarios.

Sin embargo, también puede dictarla si el demandante cumple los

siguientes requisitos:

a) Haber sido al momento del despido dirigente sindical, menor de edad,

madre gestante o persona con discapacidad;

b) estar gestionando la conformación de una organización sindical; y

8 ENERO 2010 / LEGISLACIÓN LABORAL

c) el fundamento de la demanda es verosímil.

Si la sentencia firme declara fundada la demanda, se conservan los efectos

de la medida de reposición, considerándose ejecutada la sentencia.

Artículo 56º.- Asignación provisional

De modo especial, en los procesos en los que se pretende la reposición,

el juez puede disponer la entrega de una asignación provisional mensual

cuyo monto es fijado por el juez y el cual no puede exceder de la última

remuneración ordinaria mensual percibida por el trabajador, con cargo a la

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Si la sentencia firme ordena la

reposición, el empleador restituye el depósito más sus intereses y, en caso de

ordenarse el pago de remuneraciones devengadas, se deduce la asignación

percibida.

CAPÍTULO V

PROCESO DE EJECUCIÓN

Artículo 57º.- Títulos ejecutivos

Se tramitan en proceso de ejecución los siguientes títulos ejecutivos:

a) Las resoluciones judiciales firmes;

b) las actas de conciliación judicial;

c) los laudos arbitrales firmes que, haciendo las veces de sentencia, resuelven

un conflicto jurídico de naturaleza laboral;

d) las resoluciones de la autoridad administrativa de trabajo firmes que

reconocen obligaciones;

e) el documento privado que contenga una transacción extrajudicial;

f) el acta de conciliación extrajudicial, privada o administrativa; y

g) la liquidación para cobranza de aportes previsionales del Sistema

Privado de Pensiones.

Artículo 58º.- Competencia para la ejecución de resoluciones judiciales

firmes y actas de conciliación judicial

Las resoluciones judiciales firmes y actas de conciliación judicial se ejecutan

exclusivamente ante el juez que conoció la demanda y dentro del

mismo expediente. Si la demanda se hubiese iniciado ante una sala laboral,

es competente el juez especializado de trabajo de turno.

Artículo 59º.- Ejecución de laudos arbitrales firmes que resuelven un

conflicto jurídico

Los laudos arbitrales firmes que hayan resuelto un conflicto jurídico de

naturaleza laboral se ejecutan conforme a la norma general de arbitraje.

Artículo 60º.- Suspensión extraordinaria de la ejecución

Tratándose de la ejecución de intereses o de monto liquidado en ejecución

de sentencia, a solicitud de parte y previo depósito o carta fianza por el

total ordenado, el juez puede suspender la ejecución en resolución fundamentada.

Artículo 61º.- Multa por contradicción temeraria

Si la contradicción no se sustenta en alguna de las causales señaladas en

la norma procesal civil, se impone al ejecutado una multa no menor de media

(1/2) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

Esta multa es independiente a otras que se pudiesen haber impuesto en

otros momentos procesales.

Artículo 62º.- Incumplimiento injustificado al mandato de ejecución

Tratándose de las obligaciones de hacer o no hacer si, habiéndose resuelto

seguir adelante con la ejecución, el obligado no cumple, sin que se

haya ordenado la suspensión extraordinaria de la ejecución, el juez impone

multas sucesivas, acumulativas y crecientes en treinta por ciento (30%) hasta

que el obligado cumpla el mandato; y, si persistiera el incumplimiento, procede

a denunciarlo penalmente por el delito de desobediencia o resistencia

a la autoridad.

Artículo 63º.- Cálculo de derechos accesorios

Los derechos accesorios a los que se ejecutan, como las remuneraciones

devengadas y los intereses, se liquidan por la parte vencedora, la cual puede

solicitar el auxilio del perito contable adscrito al juzgado o recurrir a los

programas informáticos de cálculo de intereses implementados por el Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo.

La liquidación presentada es puesta en conocimiento del obligado por

el término de cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. En caso de

que la observación verse sobre aspectos metodológicos de cálculo, el obligado

debe necesariamente presentar una liquidación alternativa.

Vencido el plazo el juez, con vista a las liquidaciones que se hubiesen

presentado, resuelve acerca del monto fundamentándolo.

Si hubiese acuerdo parcial, el juez ordena su pago inmediatamente, reservando

la discusión sólo respecto del diferencial.

CAPÍTULO VI

PROCESOS NO CONTENCIOSOS

Artículo 64º.- Consignación

La consignación de una obligación exigible no requiere que el deudor

efectúe previamente su ofrecimiento de pago, ni que solicite autorización

del juez para hacerlo.

Artículo 65º.- Contradicción

El acreedor puede contradecir el efecto cancelatorio de la consignación

en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificado. Conferido el traslado y

absuelto el mismo, el juez resuelve lo que corresponda o manda reservar el

pronunciamiento para que se decida sobre su efecto cancelatorio en el proceso

respectivo.

Artículo 66º.- Retiro de la consignación

El retiro de la consignación se hace a la sola petición del acreedor, sin

trámite alguno, incluso si hubiese formulado contradicción.

El retiro de la consignación surte los efectos del pago, salvo que el acreedor

hubiese formulado contradicción.

Artículo 67º.- Autorización judicial para ingreso a centro laboral

En los casos en que las normas de inspección del trabajo exigen autorización

judicial previa para ingresar a un centro de trabajo, esta es tramitada

por el inspector de trabajo o funcionario que haga sus veces. Para tal efecto

debe presentar, ante el juzgado de paz letrado de su ámbito territorial de

actuación, la respectiva solicitud. Esta debe resolverse, bajo responsabilidad,

en el término de veinticuatro (24) horas, sin correr traslado.

Artículo 68º.- Entrega de documentos

La mera solicitud de entrega de documentos se sigue como proceso no

contencioso siempre que ésta se tramite como pretensión única. Cuando se

presente acumuladamente, se siguen las reglas establecidas para las otras

pretensiones.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- En lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria

las normas del Código Procesal Civil.

SEGUNDA.- Cuando la presente Ley hace referencia a los juzgados especializados

de trabajo y a las salas laborales, entiéndese que también se

alude a los juzgados y salas mixtos.

TERCERA.- Los procesos iniciados antes de la vigencia de esta Ley continúan

su trámite según las normas procesales con las cuales se iniciaron.

CUARTA.- Las tercerías de propiedad o de derecho preferente de pago,

así como la pretensión de cobro de honorarios de los abogados, se interponen

ante el juez de la causa principal y se tramitan conforme a las normas

del proceso abreviado laboral.

QUINTA.- La conciliación administrativa es facultativa para el trabajador

y obligatoria para el empleador. Se encuentra a cargo del Ministerio de

Trabajo y Promoción del Empleo, el cual proporciona los medios técnicos y

profesionales para hacerla factible.

El Estado, por intermedio de los Ministerios de Justicia y de Trabajo y

Promoción del Empleo, fomenta el uso de mecanismos alternativos de solución

de conflictos. Para tal fin, implementa lo necesario para la promoción

de la conciliación extrajudicial administrativa y el arbitraje.

SEXTA.- Las controversias jurídicas en materia laboral pueden ser sometidas

a arbitraje, siempre y cuando el convenio arbitral se inserte a la

conclusión de la relación laboral y, adicionalmente, la remuneración mensual

percibida sea, o haya sido, superior a las setenta (70) Unidades de Referencia

Procesal (URP).

SÉTIMA.- En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al

pago de costos.

LEGISLACIÓN LABORAL

ANÁLISIS LABORAL / ENERO 2010 9

OCTAVA.- Los expedientes que por cualquier razón reingresen a

los órganos jurisdiccionales tienen preferencia en su tramitación.

NOVENA.- La presente Ley entra en vigencia a los seis (6) meses de

publicada en el Diario Oficial El Peruano, a excepción de lo dispuesto en las

Disposiciones Transitorias, que entran en vigencia al día siguiente de su publicación.

La aplicación de la presente Ley se hará de forma progresiva en la oportunidad

y en los distritos judiciales que disponga el Consejo Ejecutivo del

Poder Judicial. En los distritos judiciales, en tanto no se disponga la aplicación

de la presente Ley, sigue rigiendo la Ley núm. 26636, Ley Procesal del

Trabajo, y sus modificatorias.

DÉCIMA.- Conforme a lo establecido en la cuarta disposición final y

transitoria de la Constitución Política del Perú, los derechos laborales,

individuales o colectivos se interpretan de conformidad con la Declaración

Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales

sobre la materia ratificados por el Perú, sin perjuicio de

consultar los pronunciamientos de los órganos de control de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) y los criterios o decisiones adoptados

por los tribunales internacionales constituidos según tratados de

los que el Perú es parte.

UNDÉCIMA.- Precísase que hay exoneración del pago de tasas judiciales

para el prestador personal de servicios cuando la cuantía demandada no

supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP), así como

cuando las pretensiones son inapreciables en dinero.

DUODÉCIMA.- Autorízase al Poder Judicial la creación de un fondo de

formación de magistrados y de fortalecimiento de la justicia laboral. El fondo

tendrá por objeto la implementación de medidas de formación específicamente

dirigidas a los magistrados laborales, así como el otorgamiento de incentivos

que les permitan desarrollar de manera óptima la función judicial.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Poder Judicial implementa una red electrónica que permita

la notificación de las resoluciones mediante correo electrónico y publicación

simultánea en la página web del Poder Judicial. Los interesados solicitan

al Poder Judicial la asignación de un domicilio electrónico, el cual

opera como un buzón electrónico ubicado en el servidor. El acceso al buzón

es mediante el uso de una contraseña localizada en la página web del Poder

Judicial. De igual modo, implementa un soporte informático para el manejo

de los expedientes electrónicos.

SEGUNDA.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la

colaboración del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, implementa

una base de datos pública, actualizada permanentemente, que permita a los

jueces y usuarios el acceso a la jurisprudencia y los precedentes vinculantes

y que ofrezca información estadística sobre los procesos laborales en curso.

TERCERA.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la

colaboración del Poder Judicial, implementa un sistema informático, de acceso

público, que permita el cálculo de los derechos o beneficios sociales.

CUARTA.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo implementa

un sistema de remisión electrónica de información de las planillas electrónicas.

El requerimiento de información es enviado por el juzgado al correo

electrónico habilitado para tal fin por el Ministerio de Trabajo y Promoción

del Empleo. El funcionario responsable da respuesta, también por correo

electrónico, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Dicha respuesta

debe contener la información solicitada presentada en cuadros tabulados,

agregándose las explicaciones que fuesen necesarias.

QUINTA.- El Poder Judicial dispone la creación e instalación progresiva

de juzgados y salas laborales en los distritos judiciales de la República que lo

requieran, para fortalecer la especialidad laboral a efectos de brindar un

servicio de justicia más eficiente.

SEXTA.- El Poder Judicial dispone el desdoblamiento de las salas laborales

en tribunales unipersonales que resuelvan en segunda y última instancia

las causas cuya cuantía de la sentencia recurrida no supere las setenta

(70) Unidades de Referencia Procesal (URP).

SÉTIMA.- El Poder Judicial aprueba los formatos de demanda para los

casos de obligaciones de dar sumas de dinero cuyo monto no supere las

setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP).

OCTAVA.- Las acciones necesarias para la aplicación de la presente

norma se ejecutan con cargo a los presupuestos institucionales aprobados a

los pliegos presupuestarios involucrados, sin demandar recursos adicionales

al Tesoro Público.

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Modifícanse los artículos 42°, 51° y la parte referida a la

competencia de los juzgados de paz letrados en materia laboral del artículo

57° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado

por Decreto Supremo núm. 017-93-JUS, en los siguientes términos:

“Artículo 42°.- Competencia de las salas laborales

Las salas laborales de las cortes superiores tienen competencia, en primera

instancia, en las materias siguientes:

a. Proceso de acción popular en materia laboral.

b. Anulación de laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico de naturaleza

laboral.

c. Impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva.

d. Conflictos de competencia promovidos entre juzgados de trabajo y entre

éstos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial.

e. Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades

administrativas en los casos previstos por la ley.

f. Las demás que señale la ley.

Conocen, en grado de apelación, de lo resuelto por los juzgados especializados

de trabajo.

Artículo 51°.- Competencia de los juzgados especializados de trabajo

Los juzgados especializados de trabajo conocen de todas las pretensiones

relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivas

originadas con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal,

de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa, sea de derecho

público o privado, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso

previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios.

Se consideran incluidas en dicha competencia las pretensiones relacionadas

a:

a) El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de

servicios; así como a los correspondientes actos jurídicos.

b) La responsabilidad por daño emergente, lucro cesante o daño moral

incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal

de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio.

c) Los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de la

relación laboral.

d) El cese de los actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos de

acoso moral y hostigamiento sexual, conforme a la ley de la materia.

e) Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo.

f) La impugnación de los reglamentos internos de trabajo.

g) Los conflictos vinculados a un sindicato y entre sindicatos, incluida

su disolución.

h) El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con ocasión

de la prestación personal de servicios exigibles a institutos, fondos, cajas u

otros.

i) El cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez,

a favor de los asegurados o los beneficiarios exigibles al empleador, a las

entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras.

j) El Sistema Privado de Pensiones.

k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral.

l) Las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter

personal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguridad social, de

derecho público.

m) Las impugnaciones contra actuaciones de la Autoridad Administrativa

de Trabajo.

n) Los títulos ejecutivos cuando la cuantía supere las cincuenta (50)

Unidades de Referencia Procesal (URP).

o) Otros asuntos señalados por ley.

10 ENERO 2010 / LEGISLACIÓN LABORAL

Artículo 57°.- Competencia de los Juzgados de Paz Letrados

Los Juzgados de Paz Letrados conocen:

(…)

En materia laboral:

a) De las pretensiones atribuidas originalmente a los juzgados especializados

de trabajo, siempre que estén referidas al cumplimiento de obligaciones

de dar no superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal

(URP).

b) De los títulos ejecutivos cuando la cuantía no supere las cincuenta

(50) Unidades de Referencia Procesal (URP);

c) De las liquidaciones para cobranza de aportes previsionales del Sistema

Privado de Pensiones retenidos por el empleador.

d) De los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía.”

SEGUNDA.- Modifícase el artículo 38° del Texto Único Ordenado de la

Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado

por Decreto Supremo núm. 054-97-EF, en los siguientes términos:

“Artículo 38°.- Proceso de ejecución

La ejecución de los adeudos contenidos en la liquidación para cobranza

se efectúa de acuerdo al Capítulo V del Título II de la Ley Procesal del Trabajo.

Para efectos de dicha ejecución, se establecen las siguientes reglas especiales:

(…).”

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.- Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) La Ley núm. 26636, Ley Procesal del Trabajo, y sus modificatorias, la

Ley núm. 27021, la Ley núm. 27242 y la quinta disposición final y complementaria

de la Ley núm. 27942.

b) La Ley núm. 8683 y el Decreto Ley núm. 14404, sobre pago de salarios,

reintegro de remuneraciones y beneficios sociales a los apoderados de

los trabajadores.

c) La Ley núm. 8930 que otorga autoridad de cosa juzgada y mérito de

ejecución a las resoluciones de los tribunales arbitrales.

d) El Decreto Ley núm. 19334, sobre trámite de las reclamaciones de los

trabajadores que laboran en órganos del Estado que no sean empresas públicas.

e) El Título III del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo núm.

728, Ley de Formación y Promoción Laboral, aprobado por Decreto Supremo

núm. 002-97-TR, sobre competencia en los conflictos entre cooperativas de

trabajo y sus socios-trabajadores.

SEGUNDA.- Déjase sin efecto las siguientes disposiciones:

a) El artículo 8° del Decreto Supremo núm. 002-98-TR, sobre competencia

en las acciones indemnizatorias por discriminación.

b) El artículo 52° del Decreto Supremo núm. 001-96-TR que prohíbe la

acumulación de la acción indemnizatoria con la de nulidad de despido.

TERCERA.- Deróganse todas las demás normas legales que se opongan

a la presente Ley.

Comunícase al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los treinta días del mes de diciembre de dos mil nueve.

LUIS ALVA CASTRO

Presidente del Congreso de la República

MICHAEL URTECHO MEDINA

Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de enero

del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ

Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN

Presidente del Consejo de Ministros